"Japiró" Horacio Cartes!!! Te deseamos las Victimas de la Dictadura!

El presidente Cartes ratificó durante la Ultima Cumbre del MERCOSUR sus penosas, lamentables y repudiables declaraciones respecto al PRESUPUESTO 2016 y en relación a las Victimas de la Dictadura Stronista. En tal sentido aqui van algunas conclusiones:

"Japiró" Horacio Cartes, en lugar de investigar, ensuciar, difamar, acusar a victimas.

"Japiró" Horacio Cartes, en lugar de perseguir al campesinado libre y a los Medios de Comunicacion Independientes que luchan contra los grupos empresarios.

"Japiró" Horacio Cartes, en lugar de defender apologicamente a los GENOCIDAS de la Ultima Dictadura Stronista!: Porque Torturar, secuestrar, violar, desaparecer personas y apropiarse de bienes y niños NUNCA FUERON ACTOS DE SERVICIO!!.

"Japiró" Horacio Cartes, en lugar de practicar AJUSTES a los Sectores Sociales!

"Japiró" Horacio Cartes, en lugar de "celebrar y reividicar" al GENOCIDA Alfredo Stroessner!

"Japiró" Horacio Cartes, en lugar de causar divisiones al campo popular!!!

"Japiró" Horacio Cartes, por defender la narcocriminalidad siendo investigado e imputado por tales hechos!

"Japiró" Horacio Cartes, por expulsar a los Estudiantes del pais sin propuestas laborales y oportunidades de incersion profesional!

"Japiró" Horacio Cartes, por reprimir la protesta social!

"Japiró" Horacio Cartes, por privatizar los espacios publicos!

"Japiró" Horacio Cartes, por decirnos que "implicamos mucho gasto"...

El Gasto, Sr. Cartes que el ESTADO invierte en INDEMNIZACIONES resulta poco en relación al daño ocasionado por los "ACTOS DE SERVICIO" de los GENOCIDAS STRONISTAS. Se agradecerá que recuerde que con los represores - japiró mediante - ustedes caminan libres e impunes por las calles de nuestras ciudades y eso no esta incluido en el "gasto invertido"!

Muchas Gracias y Felicidades para Usted y su Familia!
Muy placentera "japiró" junto a sus amigos represores!!!

No Olvidamos. No Perdonamos. No nos reconciliamos
Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
H.I.J.O.S. - Regional Paraguay

“Plan Cóndor II”. Los Alegatos de las defensas de los represores. Se demoran los plazos del Segundo Juicio. Sentencias para 2016.

Nota: InfoJus Noticias

La etapa final del juicio por el Plan Cóndor sigue siendo maratónica. Tras los alegatos de fiscalía y querella, la defensa continúa exponiendo argumentos que, por la cantidad de casos y la dimensión internacional del proceso, suelen durar horas. Hoy ante el tribunal -integrado por los jueces Adrián Federico Grünberg, Oscar Ricardo Amirante, Pablo Gustavo Laufer y Ricardo Ángel Basílico- siguieron las exposiciones, con una enérgica defensa del abogado José María Soaje Pinto. La mega causa investiga la coordinación represiva y el accionar de las dictaduras del Cono Sur en la década del 70. Las audiencias se retomarán en febrero y se estima que la sentencia esté para fines de marzo.

En un alegato que duró horas, Soaje Pinto, defensor del ex jefe del Área 331 y director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Carlos Horacio Tragant, dijo que “estos juicios de lesa humanidad son políticos, sin pruebas. Mi defendido está pasando un mal momento de salud, hay otros que de los imputados que llegan con tubos de oxígeno a la sala. Es una falta de respeto por su edad. Me causa vergüenza que se los acuse con pruebas tan absurdas, infantiles y contradictorias que muestran ignorancia de la jurisprudencia militar”.

El foco del defensor, en un mensaje directo para el fiscal Pablo Ouviña, fue desacreditar la acusación de una asociación ilícita. En los últimos tres meses el fiscal explicó ante el Tribunal Oral Federal I cómo, con base en Santiago de Chile, las dictaduras latinoamericanas se asociaron en 1975 para espiar, secuestrar y asesinar sus adversarios políticos más allá de sus fronteras. A ello, dijo, se denominó Operación Cóndor. “Investigamos dos cosas: qué les pasó a las 174 víctimas, cuya mayoría está desaparecida, y determinar la existencia de una asociación criminal, ilícita”, dijo en una entrevista con Infojus Noticias.

Pero para el abogado de Tragant, tales investigaciones se fundaron en “testimonios que fueron tergiversados, desde la fiscalía a querella”, y consideró que “no hay ningún tipo de documento” que pruebe la participación de su defendido en los hechos. Con un tono alto de voz, advertido por los jueces, dijo que “el Estado argentino está en falta con los militares porque los juzgó sin saber siquiera cómo funciona un Liceo Militar, los fiscales no entienden la lógica del funcionamiento operacional” y reclamó por las causas “que implican a los terroristas subversivos y que fueron frenadas intencionalmente”.

Además, antes de la sentencia pidió relectura de las indagatorias a los acusados, dijo que el Ejército argentino nunca fue “una organización criminal clandestina ni un grupo mafioso”, que su acusado “nunca buscó hacer daño al prójimo” y que los juicios de lesa humanidad “son persecuciones irrazonables, desde una posición ideológica que busca la venganza”.

Por último, afirmó que los tribunales actuales “son vehículos de revancha” y cuestionó la imprescriptibilidad de los delitos de lesa, “porque estos procesos deben ser inmediatos y no ocurrir cuarenta años después”. Al pedir la libertad de su defendido, el defensor cerró con un mensaje: “Las únicas pruebas del Plan Cóndor fueron construidas por la fantasía y las emociones de los juzgadores”, dijo, mirando hacia el público.

Los pedidos de las querellas

Entre los 18 acusados del Plan Cóndor se encuentran Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Antonio Bignone y el uruguayo Manuel Juan Cordero Piacentini.

En su exposición, los representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que actúa en la causa como querellante, solicitaron 25 años de prisión para Miguel Ángel Furci; 20 años de prisión para Santiago Omar Riveros, Eduardo Samuel De Lío, Carlos Caggiano Tedesco, Antonio Vañek, Carlos Tragant, Bernardo José Menéndez, Eugenio Guañabens Perelló, Humberto José Román Lobaiza, Rodolfo Emilio Feroglio y Felipe Jorge Alespeit y 5 años de prisión para Manuel Cordero Piacentini.

En tanto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó en su alegato la pena de prisión perpetua para Riveros y Furci; 25 años de prisión para Bignone, De Lío, Lobaiza, Olea, Sadi Pepa y Feroglio y 20 años de prisión para Caggiano Tedesco, Vañek, Tragant, Menéndez, Guañabens Perelló, Alespeit, Cordero Piacentini, Falcón, Minicucci y Rodríguez.

El veredicto, a fines de marzo

El fiscal Pablo Ouviña dijo que recién "a fines de marzo podría haber un veredicto". Adelantó que "durante todo febrero se seguirán escuchando a las diferentes defensas por lo que recién a fines del mes siguiente podría haber sentencia”.

La Fiscalía pidió condenar a 25 años de cárcel a los ex responsables de Institutos Militares en la dictadura Reynado Bignone y Santiago Omar Riveros. También se pidieron 25 años para el ex director de la escuela de Caballería Rodolfo Feroglio y el ex jefe del Regimiento Patricios Humberto Lobaiza. Todos fueron considerados miembros de una asociación ilícita que cometió privaciones ilegales de la libertad.

Para el ex servicio de inteligencia militar uruguayo Manuel Cordero Piacentini también se reclamó una pena de 25 años como partícipe necesario del secuestro de once víctimas. Otro que tuvo un pedido de pena de 25 años por parte de la fiscalía fue el ex agente de la SIDE Miguel Angel Furci, por su rol en el centro clandestino de detención que funcionó en Automotores Orletti, considerado uno de los principales lugares de reclusión de víctimas del Plan Cóndor.

En otros de sus pedidos de penas, Ouviña reclamó la condena de diez años de reclusión para el ex jefe del área militar 112, sede del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, Federico Antonio Minicucci, y para el ex jefe del Área 331 y director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Carlos Horacio Tragant, a quienes acusó por asociación ilícita.

"Octubre Pilagá". Genocidio Pilagá, la Justicia Federal Argentina decidió Investigar, Reconocer y Procesar Responsables de la Matanza. Habría habido responsabilidades de fuerzas armadas paraguayas

La Cámara Federal de Resistencia confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de un gendarme que, en 1947, participó de la denominada “Masacre de Rincón Bomba”, donde se reprimió y asesinó a cerca de 500 indígenas de la etnia pilagá en el paraje Rincón Bomba en Formosa y en sus alrededores. Años atrás, se presentó la denuncia en la justicia federal y ahora, a 68 años de los hechos –se cumplen hoy–, la Cámara ratificó que se trata de delitos de lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles porque se trató de “una masacre contra originarios de la etnia Pilagás, a manos de sujetos que desempeñaban funciones para el Estado”.

Panodiee tiene puesta una camisa, pantalón y boina mientras termina de armar un palo afilado en la punta que se usa para pescar. Se acerca a una pequeña laguna y, tras algunos intentos infructuosos, se va. “No hay nada”, se le escucha decir con desazón, en lo que hoy es el paraje de Rincón Bomba. La escena es una de las primeras que puede verse en el documentalOctubre Pilagá, de la directora Valeria Mapelman, que reconstruye a través de los testimonios de sobrevivientes lo que ocurrió 68 años antes en Formosa.

Entre el 10 y el 30 de octubre de 1947, alrededor de 500 indígenas de la etnia pilagá fueron masacrados por la Gendarmería Nacional. El 6 de octubre pasado, los jueces de la Cámara Federal de Resistencia, José Aguilar y Ana Victoria Order –tribunal de alzada de los juzgados federales de Formosa– confirmaron el procesamiento del único imputado por la masacre: Carlos Smachetti.

Veinte días de masacre

“Yo quería ver a dos abuelitas pero ya habían quemado todo con gasoil”, dice uno de los sobrevivientes que se salvó porque, cuando ocurrió la masacre, estaba trabajando en el ingenio Ledesma, en Jujuy. “Los que hicieron macanas fueron los primeros gendarmes que mandaron de allá, de Buenos Aires, a Las Lomitas”, dice otro. Recuerdan lo que empezó el 10 de octubre de 1947. Por aquellos días, habían comenzado a llegar, a la zona de Rincón Bomba, familias enteras de comunidades pilagas porque estaba Tonkiet, un hombre que sanaba con su palabra. Los indígenas cantaban y realizaban alabanzas. El aumento de personas sirvió de excusa: cerca de allí, se encuentra la localidad de Las Lomitas y el Regimiento 18°, de Gendarmería Nacional.

En un comunicado enviado a las autoridades nacionales de la época, sostenía que encabezados por el Pablito Navarro (Oñedié) estaban los pilagá en “actitud de franco alzamiento” y eran “irreductibles” e “intransigentes”. A esto se sumó el rumor de un posible malón y un ataque inminente a Las Lomitas. Llegaron las advertencias a los indígenas, por parte del entonces administrador de la reducción de Bartolomé De Las Casas, Abel Cáceres, que les dijo que debían ir hacia allí. Pero caciques y sabios decidieron no retirarse.

El entonces director general de Gendarmería, Natalio Faverio, dio la orden de desplazar fuerzas para el madrejón donde estaban las tolderías de los indígenas. El 10 de octubre por la tarde comenzó la matanza. Los gendarmes rodearon el lugar donde estaban los indígenas y empezaron a disparar con ametralladoras y fusiles. Durante esos días, hombres, mujeres y niños fueron perseguidos, asesinados y desaparecidos. Los niños capturados fueron enviados a recibir “educación católica” y sus padres no los volvieron a ver. Los que pudieron escaparse se fueron a las localidades de Campo del Cielo y Pozo del Tigre. La persecución incluyó la participación de la Gendarmería, la Fuerza Aérea y la entonces Policía de Territorios Nacionales.

El único procesado

La matanza a los pueblos originarios en Rincón Bomba incluyó un ataque con un avión armado con una ametralladora. El 16 de octubre, Carlos Smachetti “disparó a mansalva a los originarios de la comunidad Pilagá” desde el avión JU-52T-153 que había salido un día antes de la base aérea “El Palomar”. Smachetto era uno de los que estaba a bordo junto con otro piloto, dos mecánicos y un radio operador. Con casi 97 años, es el único imputado en la causa y fue procesado en 2014 por delitos contra los derechos humanos. El martes pasado, la Cámara Federal de Resistencia confirmó su procesamiento sin prisión preventiva.

Los jueces Aguilar y Order sostuvieron que actuó “con conocimiento y voluntad dirigidos a la consumación del delito involucrado” y confirmó el procesamiento por “homicidio agravado por alevosía, en reiteración de hechos, con el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso real, en calidad de partícipe necesario” en el marco de delitos considerados por los magistrados con “carácter de lesa humanidad”.

La defensa del imputado sostenía que debía ser aplicado el ya derogado “Código de Justicia Militar, vigente en el año 1947, al ser su defendido un militar en actividad, sosteniendo también que en autos se violentó el principio de juez natural”. Durante el trámite del expediente, se han encontrado distintas fosas comunes con gran cantidad de cadáveres de indígenas.

En la sentencia, a la que tuvo acceso Infojus Noticias, los camaristas recordaron que “es un deber jurídico del Estado, la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, como fue lo acontecido en el sub examine, al tratarse de una masacre contra originarios de la etnia Pilagás, a manos de sujetos que desempeñaban funciones para el Estado”.

El magistrado que asesinó Pilagas

Leandro Santos Costa fue integrante de la Cámara Federal de Resistencia hasta 1999, cuando presentó su renuncia. Pero no fue sólo juez. En octubre de 1945, era alférez de Gendarmería y participó activamente en la masacre de los pilagás porque tenía a su cargo una ametralladora que disparó el 14 de octubre.

La propia Gendarmería Nacional lo felicitó por la “valerosa y meritoria” intervención de octubre de 1947. Tiempo después, dejaba las armas y se reconvertía en abogado, primero; y en juez, después, actuando incluso durante la última dictadura cívico–militar. Santos Costas murió a fines de 2012, impune.

El ayudante de cocina que salvó vidas

En 1947, el sargento ayudante Américo Londero era el responsable de la cocina del Regimiento 18° de Gendarmería de Las Lomitas. Le había tomado cariño a dos chicos pilagas Setkoki´en y Maliodi’en, que trabajaban allí. La tarde del 10 de octubre, les avisó: “Váyanse chicos, váyanse”, cuenta Maliodi’en en el documental de Mapelman. “¿Entienden que van a disparar las armas?”, les advirtió y les dio víveres para que escaparan de la masacre.

Crímenes del Stronismo. Denuncian actos de continuidad de impunidad. Ordenaron destruir propiedades de Alfredo Stroessner.

                       La Mansión Stroessner. Destechada desde Septiembre pasado.


Con la misma impunidad de ayer y de hoy, y de una manera absolutamente despreocupada los aliados de los genocidas stronistas, continúan la destrucción de propiedades que podrían servir como prueba en las instancias de justicia universal.

A meses de darse la polémica orden de destrucción y la inminente destrucción misma de la Mansión de Alfredo Stroessner Matiauda, otras dos propiedades de la familia del ex dictador comenzaron a destruirse.

Se tratan de dos viviendas ubicadas en el interior del país, a nombre de la familia Matiauda, ubicadas ambas en el departamento de Caazapa y que las mismas fueron adquiridas en los años de la represión stronista. 

Las propiedad figuran en el Memo Interno proporcionado por organismos de derechos humanos entre las piezas del “Archivo del Terror” a la Justicia Federal Argentina, cuando se inició la instancia de Justicia Universal sobre los Crímenes del Stronismo.

En el memo, se describe que la Familia Matiauda recibió por parte de la Asociación Nacional Republicana (ANR) – Partido Colorado – en los años del Genocidio Stronista dicha tierras en un conjunto de cientos de hectáreas del interior del país.

Los  libros  de Alfredo Boccia Paz “Es Mi Informe” y de Mirta Barreto “Tierras Malhabidas” hablan profundamente sobre las transacciones que la Familia Matiauda realizaba con la Asociación Nacional Republicana en concepto de “donaciones”, mientras que el partido hegemónico, brazo político del terrorismo de estado le entregaba propiedades robadas en muchos casos a familias campesinas de escasos recursos.

Desde H.I.J.O.S Paraguay en 2013 realizó un pedido judicial a la Justicia Argentina para que se expida de inmediato sobre las propiedades y tierras robadas a decenas de victimas de la dictadura stronista, demorado por los tiempos de la Juzgado que entiende en la causa.

La Impunidad de Siempre. La Muerte de Manuel Contreras Sepulveda. “Contreras murió en una impunidad impresentable”

Lo dijo Lorena Pizarro, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile. Se refirió a la muerte de Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, el área que manejó durante 17 años y que el principal herramienta del aparato represivo de la dictadura pinochetista. Fue, además, una pieza clave en la creación del Plan Cóndor.

Cercado por la justicia, y por diferentes enfermedades, murió a los 86 años el hombre que durante 17 años manejó la red de espionaje más amplia y nutrida de América Latina. Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DINA) de Chile, cumplía una condena de 529 años de cárcel en Punta Peuco, un presidio construido en las afueras de Santiago para encerrar a militares condenados por crímenes de lesa humanidad. “Provoca frustración porque, finalmente, Contreras murió en una impunidad impresentable”, dijo Lorena Pizarro, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), después de que trascendiera la noticia de su muerte. “El dolor que vivió Chile no se desaparece porque muera el jefe del aparato represivo de Pinochet. Necesitamos garantizar que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir”, concluyó la dirigente en una entrevista a la televisión chilena.

El 28 de julio pasado, a causa de sus enfermedades avanzadas, Contreras había sido trasladado desde el penal hasta el hospital Militar, en las afueras de Santiago de Chile. El viernes murió allí el hombre que fue una pieza clave en la creación del Plan Cóndor —la coordinación de las dictaduras militares de América del Sur para perseguir borrando las fronteras nacionales a opositores políticos—, y se vanagloriaba de haber manejado una vasta red de 50.000 informantes en Chile y en el exterior. Luego de ser condenado por numerosas masacres en los tribunales de su país, se fue sin mostrar ni una señal de arrepentimiento: desde el 11 de septiembre de 1973 hasta 1990, se calcula que la dictadura militar chilena torturó y desapareció a 38.000 personas, según informes oficiales elaborados en democracia.

La primera vez que el mentor de la policía secreta traspuso las rejas fue en octubre de 1995, después de que un tribunal lo condenara a siete años de cárcel como autor intelectual del asesinato del ministro de Relaciones Exteriores de Salvador Allende, Orlando Letelier, el 21 de septiembre de 1976. Al funcionario lo mataron con una bomba que había sido colocada debajo de su auto, y que había sido activada por control remoto por un agente de la CIA, Michael Townley. Cuando lo fueron a detener, Contreras se atrincheró en una finca del sur del país. El propio Pinochet lo llamó por teléfono y le aconsejó entregarse. Desde mucho tiempo atrás, Contreras consideraba que su jefe había abandonado a quienes hicieron el trabajo sucio de la represión. En 1997, aseguró que el ex dictador era el verdadero capo de la DINA.

La presidenta Michelle Bachelet y su torturador
Hubo un silencio de 10 años hasta que esa fisura en los altos mandos de la represión trasandina se volvió una grieta inocultable. El 18 de noviembre de 2005, en una sesión histórica que se llevó a cabo en la Casa Militar del Ejército, en la precordillera de Santiago, Pinochet y el jefe de su policía secreta confrontaron en un estrado judicial. El juez Víctor Montiglio investigaba la responsabilidad de la dupla castrense en la tortura y desaparición de 119 opositores en la llamada Operación Colombo. Contreras, furioso porque su ex jefe negaba la relación de confianza mutua —llegó a decir que Contreras no estaba bajo su mando—, pidió el careo.

“No es cierto, y si fuese cierto, no me acuerdo. A Contreras le gustaba tener engatusado, envuelto al jefe, para poder meter sus cosas", respondió Pinochet cuando Montiglio le preguntó por órdenes impartidas a Contreras para matar a disidentes políticos. "Muchas veces había que sacarle con tirabuzón la información, porque no decía nada o mentía. Pero de lo cual no me acuerdo", dijo sin titubeos Pinochet.

En octubre de 2013, cuando aspiraba a una segunda presidencia, Michelle Bachelet reveló en una entrevista al canal de televisión CNN Chile, que había sido torturada por el jefe de la DINA en su paso por el centro de reclusión Villa Grimaldi, por donde habían pasado 4.500 personas, 18 asesinadas y 211 desaparecidas. “Él me interrogó personalmente”, dijo Bachelet, después de que Contreras dijera públicamente –la última vez que dio un reportaje- que la actual presidente chilena y su madre nunca habían estado en Villa Grimaldi. En esa entrevista, también dijo con particular cinismo que la DINA no estuvo envuelta en torturas.

“Se murió en su ley, desgraciadamente. Espero que los militares que están en su misma condición sientan el repudio que generan actualmente en la sociedad chilena”, concluyó el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier. Contreras tenía un horizonte plagado de pleitos judiciales: tenía otros 59 procesos pendientes

Caso Martínez Moreira. “Se denunció todo lo que se tuvo que denunciar”. Entrevista en Radio Nacional.

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A continuación la entrevista completa de Adrian Martinez Moreira en RADIO NACIONAL - ARGENTINA. Programa "Caidos del Catre", sobre las injurias sufridas por parte del Medio INFOBAE y los Intereses de sectores denunciados civilmente y algunos integrantes de organizaciones imputados y procesados penalmente.

Durante la entrevista al Medio Nacional, Martinez Moreira se mostró absolutamente despreocupado sobre las falsas acusaciones advirtiendo que "quienes se posicionan como paladines de la Verdad, están muy confundidos y antes de hacer esto debieron consultar fehacientemente las pruebas que supuestamente habían de los hechos que aseguran ser verdad". En otro orden aseguró: "que quienes dijeron las cosas que dijeron y están diciendo las cosas que están diciendo, se hagan cargo de todo, hay incluso funcionarios que no entrecruzaron informaciones con funcionarios de otros Poderes porque de haberlo hecho ni siquiera hubieran realizado mamarrachos como los que hicieron, pero bueno las irregularidades de funcionarios públicos también son materia de discucion por estas horas", aseguró en otra nota.  

Por estas horas la Justicia Argentina recibe e investiga en distintas jurisdicciones los lamentables hechos ocurridos.

Nota Completa. Entrevista. "Caidos del Catre" - Radio Nacional: 

https://soundcloud.com/ca-dos-en-nacional/adrian-martinez-moreira-en-caidos-del-catre

Se inició una dura denuncia penal contra INFOBAE por las Injurias contra Adrián Martínez Moreira.

Por los hechos de Calumnias e Injurias el Portal de Medios INFOBAE perteneciente al Grupo THK Medios S.A. fue denunciado como también el Grupo al que pertenece y otros medios del mismo Grupo de Medios  por haber reproducido una nota con contenido injurioso y calumnioso contra Adrián Martínez Moreira.

La denuncia penal presentada ante la Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal establece multas indemnizatorias contra la empresa y la orden de que dichos medios den de baja el contenido injurioso como también la publicación pública de disculpas hacia Martínez Moreira conforme establece el Código Penal Argentino.

Así mismo los abogados de Martínez Moreira recordaron que la Querella penal por el delito de Calumnias e Injurias se erigirá de igual forma contra todo aquel que compartiere, difundiere y reproduciere y/o comentare debido que así lo establece la misma norma argentina que establece igual de responsabilidad al que  publicase la injuria que  al que la difundiere o reproduciere.

Así mismo Martínez Moreira recordó que: “cuando ocurrió lo que ocurrió, lo primero que dije fue que iría contra todos los que me difamaron. Absolutamente todos. No es gratis hablar y difamar así a una persona. Que se hagan cargo y paguen los daños”.

De la misma forma y por el mismo hecho se hayan en pleno tramite las demandas por daños y perjuicios como también una denuncia penal federal que investiga la Asociación Ilícita que protagonizó el autor de la nota junto a los que declararon en la misma, en la organización y planificación previa de dicha nota semanas y meses antes de publicarla.

“Todos los que allí hablaron en esa nota responden a intereses oscuros. Se acabaron los intereses oscuros. Nadie pensó que yo tuviera todas las pruebas conmigo. Es hora que la Justicia falle para todos los culpables, los cómplices, y los beneficiarios de la reproducción del contenido de la nota”, explicó Martínez Moreira fuera de los Tribunales. 

En Julio pasado la Justicia Civil hizo lugar a una Medida Cautelar y una demanda por Daños y Perjuicios "contra los medios por difundir injurias sin chequear fuentes documentales o difamar en razon de hechos que eran materia de controversia judicial" como lo fue el informe del Fiscal Pablo Parenti.